En 1810, durante esa jornada, se estableció en Buenos Aires la Primera Junta de Gobierno, un acontecimiento que dio inicio al camino hacia la emancipación del imperio español y abrió una nueva etapa política en el Virreinato del Río de la Plata.

Este año, el feriado cae lunes, lo que permite un fin de semana largo para quienes celebran la fecha.

Antes que todo gracias por llegar hasta aquí y leer mi publicación. Te invito a suscribirte para mantenerte al tanto de las novedades jurídicas e internacionales. ¡Comenzamos!

Todo comenzó aquel 25 de mayo de 1810 representó uno de los hitos más trascendentales de la historia nacional Argentina

el cese del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y la instalación del primer gobierno criollo, conocido como la Primera Junta, considerada la primera expresión de gobierno patrio.

Pero lo ocurrido ese día fue la culminación de una serie de acontecimientos que se venían gestando desde días antes.

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El viernes 18 de mayo arrancó la denominada Semana de Mayo, una etapa cargada de discusiones, encuentros políticos y movilizaciones populares en las calles de Buenos Aires, donde criollos y dirigentes empezaron a poner en duda la legitimidad del virrey y el dominio español sobre estas tierras.

La Revolución de Mayo fue impulsada por diversas causas. Una de las principales fue el vacío de poder que dejó en España la invasión napoleónica y la renuncia al trono de Fernando VII en 1808.

Frente a ese escenario de incertidumbre, creció entre los criollos la idea de que, al no haber un rey legítimo, las colonias tenían derecho a auto-gobernarse.

En nuestro país llamado antes como “unido provincia del sur y peru” donde La mercadería en los años 1543 y 1766 es que la mercader”.

Cada punto implicaba aranceles aduaneros, lo que, como es común, generó contrabando para evadir dichos pagos.

Exportábamos pieles de animales a Inglaterra e importábamos esclavos hasta la sanción de la Ley de Libertad de Vientres.

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Ahora bien, ciertos grupos pedían que los tributos sean distribuidos en todas las provincias esto significaba que las provincias debían imponer sus propios tributos mientras que los tributos que pertenecer a buenos aires pertenecen a Buenos Aires.

Ya en el año 1810 se fundo el Primer gobierno patrios

principales causas:

Obligación de comercial con el rey de España

Invasión de napoleon a España

Imposibilidad de comerciar

Ineludible no mencionar la bilateralidad se dio comenzó acá.. la historia entre Unitarios / Federales

La purga era por un grupo pedia que los tributos sean distribuidos en todas las provincias. Lo que genero la cara de la otra moneda, las provincias debían poner sus propios tributos mientras que los tributos que pertenecer a buenos aires pertenecen a Buenos Aires. Al tener el puerto (caba) cobra tributos y las provincias decidirán si tambien queria hacerlo

Finalmente, el viernes 25 de mayo, tras varios días de tensión y manifestaciones frente al Cabildo, Cisneros fue depuesto y se conformó la Primera Junta, presidida por Cornelio Saavedra e integrada por figuras como Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Mariano Moreno, entre otros.

En 1810 no existía todavía la Argentina como Estado independiente.

Existía el Virreinato del Río de la Plata, gobernado formalmente en nombre del rey de España.

Sin embargo, Europa estaba en crisis: Napoleón había invadido España y el rey Fernando VII estaba prisionero. La gran pregunta era inevitable:

¿Quién debía gobernar cuando el rey ya no podía hacerlo?

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Ahí aparece el verdadero espíritu de la Revolución de Mayo.

Si que es verdad entre los siglos XVI y XVII aparecieron documentos que reconocían derechos, hasta que en el siglo XVIII se produjo la Independencia de Estados Unidos (1776).

A partir de ahí comenzó el Constitucionalismo Liberal, que reconocía libertad, igualdad y propiedad privada, y buscaba limitar el poder del Estado.

La Constitución argentina de 1853 sigue esta línea, reflejada en sus artículos 14, 16 y 17.

En esa etapa el Estado no intervenía en la vida privada: era lo que denominabamos en la clase de constitucional lo que era un “Estado gendarme”.

Pero sin ir mas de tema ya en el siglo XX, con la difusión de las constituciones, surgió el Derecho Constitucional como la ciencia que las estudia, junto con sus fuentes: doctrina, jurisprudencia y costumbre.

El 25 de Mayo no comenzó como una declaración formal de independencia. Fue, antes que nada, un cambio radical en la legitimidad del poder político.

Por primera vez, comenzó a discutirse que la autoridad no provenía únicamente de la Corona, sino también del pueblo. Ese debate abrió la puerta a principios que hoy parecen naturales:

representación política,

soberanía popular,

división de poderes,

participación ciudadana,

y posteriormente, derechos y garantías constitucionales.

La Primera Junta fue mucho más que un reemplazo administrativo. Fue el inicio de un nuevo orden político en América.

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La Revolución de Mayo sembró las bases de algo que tardaría décadas en consolidarse: el constitucionalismo argentino.

Con el tiempo, esas ideas evolucionaron desde los derechos civiles y políticos clásicos hacia modelos más amplios de protección social.

Ahí es donde aparece el llamado constitucionalismo social, incorporado en Argentina especialmente con el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Ese proceso reconoció que el Estado no solo debía “no interferir”, sino también garantizar condiciones reales de dignidad, trabajo, educación y bienestar.

Algo muy paradojico en los tiempos actuales. No crees?

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Pero…. ¿Por qué sigue siendo actual el 25 de Mayo?

Porque muchas de las discusiones de 1810 siguen vivas:

La Revolución de Mayo no fue únicamente un hecho histórico. Fue el comienzo de una conversación política y jurídica que todavía continúa.

Y quizás esa sea su mayor herencia.

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En Despreocupate creemos que entender el derecho también es entender la historia que lo construyó.

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El caso Shakira expone una de las obsesiones más curiosas del derecho tributario moderno: la necesidad de transformar una vida humana en un calendario.

La pregunta parece sencilla. ¿Cuántos días estuvo una persona dentro de un país?

Pero cuando esa persona tiene giras internacion

ales, vuelos privados, múltiples residencias, sociedades en distintas jurisdicciones y una vida repartida entre continentes, contar deja de ser un ejercicio matemático y empieza a parecerse más a una investigación forense.

España necesitaba demostrar que Shakira era residente fiscal en 2011. Para eso debía acreditar, entre otras posibilidades, que había permanecido más de 183 días en territorio español.

La discusión pública simplificó el asunto como si todo dependiera de sellos migratorios o pasajes de avión. Pero el expediente era bastante más complejo.

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Según trascendió, Hacienda logró acreditar aproximadamente 163 días de presencia efectiva.

El resto intentó completarlo mediante la figura de las “ausencias esporádicas”, una herramienta jurídica particularmente relevante cuando el contribuyente afirma residir en un paraíso fiscal, como Bahamas en aquel momento.

Y ahí aparece uno de los puntos más interesantes del caso.

Porque las residencias fiscales internacionales no funcionan solamente con presencia física. También intervienen conceptos mucho más ambiguos: centro de intereses económicos, arraigo personal, habitualidad, vínculos familiares, disponibilidad de vivienda, estructura patrimonial y consistencia global de la conducta del contribuyente.

En otras palabras: el derecho tributario internacional no intenta solamente saber dónde duerme una persona. Intenta descubrir dónde “vive realmente”.

Por eso estos litigios son tan invasivos.

Las administraciones fiscales reconstruyen vuelos, consumos, contratos, agendas, fotografías, relaciones personales, propiedades, conciertos, reuniones y movimientos bancarios. Buscan patrones. Coherencia. Rutinas. Una narrativa.

Y eso ocurre porque la movilidad global volvió mucho más difusas las fronteras fiscales tradicionales.

Hoy existen personas que viven repartidas entre Dubái, Madrid, Miami, Londres o Mónaco sin permanecer demasiado tiempo seguido en ningún lugar.

Algunas lo hacen por trabajo. Otras por planificación patrimonial. Otras, directamente, para evitar convertirse en residentes fiscales plenos de jurisdicciones de alta tributación.

Los Estados lo saben.

Por eso endurecen controles, amplían intercambios automáticos de información y utilizan cada vez más herramientas de fiscalización internacional. El mensaje es claro: las grandes fortunas móviles ya no son invisibles.

Pero justamente cuanto más poder tiene el fisco para investigar, más importante se vuelve preservar límites jurídicos claros.

Porque una cosa es utilizar presunciones razonables. Otra muy distinta es convertir sospechas en certezas o utilizar reconstrucciones parciales para suplir déficits probatorios.

El problema nunca fue solamente Shakira.

El problema es mucho más amplio: cómo los Estados intentan gravar vidas que ya no encajan fácilmente dentro de una sola frontera.

Y probablemente ese sea uno de los grandes conflictos fiscales de esta época.

Una estructura mal planificada puede generar doble imposición, conflictos de residencia, sanciones o litigios retrospectivos años después.

En Biondi & Asociados trabajamos en planificación patrimonial y fiscal internacional, estructuras transfronterizas y análisis de residencia fiscal para personas y familias con movilidad global.

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Shakira, y el arte de su vida global

The Shakira case exposes one of the most curious obsessions of modern tax law: the need to transform a human life into a calendar.

But when that person has international tours, private flights, multiple residences, companies in different jurisdictions, and a life divided between continents, counting ceases to be a mathematical exercise and begins to resemble a forensic investigation.

Spain needed to prove that Shakira was a tax resident in 2011. To do this, it had to prove, among other possibilities, that she had remained more than 183 days in Spanish territory.

The public discussion simplified the matter as if everything depended on immigration stamps or plane tickets. But the file was much more complex.

According to reports, the Treasury managed to prove approximately 163 days of effective presence.

The rest was attempted to be completed through the figure of “sporadic absences,” a particularly relevant legal tool when the taxpayer claims to reside in a tax haven, such as the Bahamas at that time.

And that’s where one of the most interesting points of the case appears.

Because international tax residencies do not work only with physical presence. Much more ambiguous concepts also intervene: center of economic interests, personal roots, habitualness, family ties, housing availability, asset structure, and global consistency of the taxpayer’s conduct.

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In other words: international tax law does not only try to find out where a person sleeps. It tries to discover where they “really live.”

That’s why these litigations are so invasive.

Tax administrations reconstruct flights, consumptions, contracts, agendas, photographs, personal relationships, properties, concerts, meetings, and bank movements. They look for patterns. Coherence. Routines. A narrative.

And that happens because global mobility has made traditional tax borders much more blurred.

Today there are people who live divided between Dubai, Madrid, Miami, London, or Monaco without spending too much time in any one place.

Some do it for work. Others for asset planning. Others, directly, to avoid becoming full tax residents of high-tax jurisdictions.

The States know it.

That is why they are tightening controls, expanding automatic exchanges of information, and using more and more international audit tools. The message is clear: large mobile fortunes are no longer invisible.

But precisely the more power the tax authorities have to investigate, the more important it becomes to preserve clear legal limits.

Because one thing is to use reasonable presumptions. Quite another is to turn suspicions into certainties or use partial reconstructions to make up for evidentiary deficits.

The problem was never just Shakira.

The problem is much broader: how States try to tax lives that no longer easily fit within a single border.

And that is probably one of the great fiscal conflicts of this era.

A poorly planned structure can generate double taxation, residence conflicts, sanctions, or retrospective litigation years later.

At Biondi & Asociados we work in international asset and tax planning, cross-border structures, and tax residence analysis for people and families with global mobility.

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A new decision from the Italian Supreme Court of Cassation — Ordinance No. 13818/2026 — is beginning to attract serious attention among professionals working in Italian citizenship law.

And not without reason.

The ruling reaffirmed a principle that many believed had been weakened after the restrictive reforms introduced by Law 74/2025:

Italian citizenship iure sanguinis is an original, permanent and imprescriptible right existing from birth.

That phrase matters.

Because over the last year, the legal and administrative landscape surrounding citizenship by descent has become increasingly restrictive, especially after Constitutional Court Ruling No. 63/2025 and the implementation of the so-called “Tajani reforms.”

Before continuing, I want to thank your support. If you want to go ahead and read the full sentence you can do it by clicking here!

The most important part may not even be doctrinal

The case itself involved descendants of an Italian citizen in Colombia who were unable to obtain a consular appointment due to administrative paralysis at the Italian Embassy in Bogotá.

No appointments.
No functioning system.
No possibility to even submit the application.

The lower court dismissed the claim because the applicants had not first completed the administrative process.

The Supreme Court disagreed.

Its reasoning was clear:

when the administration itself creates the obstacle that prevents filing the request, that obstacle alone may justify judicial action.

This is strategically relevant because it recognizes something applicants around the world already know:

the impossibility of accessing the system cannot automatically be interpreted as inactivity or abandonment by the applicant.

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How we help

In this evolving legal environment, citizenship cases can no longer be approached as simple administrative filings.

Each case requires:

evaluation of family line eligibility,

procedural timing,

consular feasibility,

litigation risk,

and strategic planning adapted to current jurisprudence.

If you want to approach your case under this new framework:

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As professionals working in international mobility and Italian citizenship matters, we assist clients in assessing the strongest legal path according to their specific circumstances.

If you are facing consular delays, uncertainty after the 2025 reforms, or doubts about your eligibility, we can help you evaluate your case through a tailored legal consultation.

Do you think the biggest challenge today is the law itself… or access to the system?

If you want to understand how to approach this process in the right order from the beginning,

you can join the Despreocupate community.

🇮🇹 Una señal positiva desde la Corte Suprema italiana

Una nueva decisión de la Corte Suprema de Casación italiana — Ordenanza N.º 13818/2026 — comenzó a generar fuerte atención entre profesionales que trabajan en ciudadanía italiana.

Y no es para menos.

La sentencia reafirmó un principio que muchos consideraban debilitado después de las reformas restrictivas introducidas por la Ley 74/2025:

La ciudadanía italiana iure sanguinis es un derecho originario, permanente e imprescriptible, existente desde el nacimiento.

Y esa frase importa.

Porque durante el último año el escenario jurídico y administrativo de la ciudadanía por descendencia se volvió cada vez más restrictivo, especialmente después de la Sentencia 63/2025 de la Corte Constitucional y la implementación de las llamadas “reformas Tajani”.

Antes de continuar, quiero agradecer su apoyo. Si desea seguir adelante y leer la oración completa, ¡puede hacerlo haciendo clic aquí!

La parte más importante quizás no sea doctrinaria

El caso involucraba descendientes de un ciudadano italiano en Colombia que no pudieron obtener turno consular debido a la parálisis administrativa de la Embajada italiana en Bogotá.

Sin turnos.
Sin sistema funcionando.
Sin posibilidad real de presentar la solicitud.

El tribunal inferior rechazó la demanda porque los solicitantes no habían completado previamente el procedimiento administrativo.

La Corte Suprema no estuvo de acuerdo.

Y su razonamiento fue claro:

cuando es la propia administración la que crea el obstáculo que impide presentar la solicitud, ese obstáculo por sí solo puede justificar la vía judicial.

Esto es estratégicamente relevante porque reconoce algo que miles de solicitantes ya saben:

Compartir Despreocupate (Estudio legal. Abog. Uriel Biondi)

Cómo te podemos ayudar?

En este nuevo escenario, los casos de ciudadanía ya no pueden abordarse como simples trámites administrativos.

Hoy cada caso requiere:

evaluación de la línea familiar,

análisis del momento procesal,

viabilidad consular,

evaluación de riesgo judicial,

y estrategia adaptada a la jurisprudencia actual.

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Si querés trabajar tu situación con este nuevo enfoque

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Como profesionales que trabajamos en movilidad internacional y ciudadanía italiana, ayudamos a nuestros clientes a identificar la vía jurídica más sólida según sus circunstancias específicas.

Si estás enfrentando demoras consulares, incertidumbre después de las reformas de 2025 o dudas sobre tu elegibilidad, podemos ayudarte a analizar tu caso mediante una consulta legal personalizada.

¿Por qué esto importa realmente?

Porque miles de descendientes italianos quedaron atrapados entre:

• reformas restrictivas,

• demoras consulares estructurales,

• falta de turnos,

• y cambios jurisprudenciales constantes.

Y este fallo vuelve a introducir una idea muy fuerte:

el propio colapso administrativo del sistema no puede utilizarse en contra del solicitante.

Lo que cambia en la práctica

Aunque este caso fue iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley 74/2025 — y no elimina automáticamente las nuevas restricciones — la sentencia deja algo importante sobre la mesa:

la discusión jurídica sigue abierta.

Y eso significa que hoy más que nunca los casos requieren:

• análisis estratégico,

• evaluación procesal,

• estudio de la vía judicial vs administrativa,

y comprensión real de cómo están evolucionando los tribunales italianos.

Por eso, si querés entender cómo ordenar esto desde el principio, podés sumarte a la comunidad de Despreocupate.

Years of legal stability. The right to work, to live, to plan a future. That’s what it feels like when a case lands the way it should.

Also we have already filed and received the first admission to process of the extraordinary regularization at our firm.

The process is live. The doors are open. And the clock has started.

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Why This Matters More Than You Think

Spain’s 2026 Extraordinary Regularization is not the kind of opportunity that comes around every year.

In recent Spanish immigration history, extraordinary windows have always had closing dates and there’s always a group of people who arrive too late because they assumed they had more time.

I’ll be direct: I’m not the type of lawyer who creates fear to drive consultations.

But I am the type who warns people when something is genuinely time-sensitive.

This is genuinely time-sensitive.

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Porque todos somos iguales ante la ley…

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El antecedente de Belém do Pará cambió la forma de entender la violencia.
Porque dejó claro que no se trata solamente de golpes.
También existe violencia cuando una persona vive con miedo, dependencia, control o desigualdad estructural.
Y ahí los derechos humanos dejan de ser teoría para convertirse en una obligación del Estado.

La Convención de Belém do Pará no habla solamente de agresiones físicas.
Habla también de relaciones históricas de poder, discriminación y violencia estructural.

Por ejemplo:

impedir trabajar,

controlar el dinero,

retener documentación,

quitar recursos económicos,

generar dependencia financiera.

Todo eso afecta la libertad y la autonomía de la mujer.

Y eso implica algo muy importante:

El Estado no solo debe castigar la violencia.
También debe prevenirla, investigarla y garantizar protección efectiva.

Porque cuando un Estado tolera discursos de odio, minimiza denuncias o no brinda acceso real a la justicia, los derechos dejan de ser garantías y se convierten en promesas vacías.

La Convención obligó a los Estados a:

prevenir la violencia,

investigarla,

sancionarla,

y garantizar acceso real a la justicia y reparación.

Además, reconoció que la violencia puede ocurrir:

dentro de la familia,

en la sociedad,

e incluso ser tolerada por el propio Estado

En Argentina vimos un caso estremecedor en mayo de 2024, cuando cuatro mujeres lesbianas fueron atacadas en una pensión en Barracas. Por el solo hecho de ser lesbianas. Una locura.

Un hombre arrojó un cóctel molotov mientras dormían. Tres de ellas murieron producto de las quemaduras.

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El caso generó conmoción internacional Human Rights Watch, advirtió sobre el peligro de los discursos estigmatizantes y cómo ciertos contextos sociales pueden profundizar la violencia contra grupos históricamente vulnerados.

Y acá aparece una pregunta incómoda pero necesaria:

¿Qué pasa cuando el odio social empieza a normalizarse?
¿Qué ocurre cuando ciertos discursos dejan de verse como violencia y comienzan a percibirse como opinión?

Las garantías constitucionales y los tratados internacionales existen precisamente para poner límites frente a eso.
Para recordar que ninguna persona debería vivir con miedo por su género, orientación sexual o identidad.

Porque una democracia no se mide solo por elecciones.
También se mide por cómo protege a quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.

Y ahí es donde el derecho deja de ser teoría.
Y se convierte en una herramienta para defender la dignidad humana.

La segunda: ya presentamos y tenemos la primera admisión a trámite de la regularización extraordinaria en el estudio.

El proceso está ya activo. Las puertas están abiertas. Y el tiempo empieza a correr.

Por qué esto te importa más de lo que creés

La regularización extraordinaria 2026 es una oportunidad que no aparece todos los años. De hecho, en la historia migratoria española reciente, las ventanas extraordinarias siempre han tenido fecha de cierre —y siempre hay gente que llega tarde porque pensó que tenía más tiempo.

Quiero ser muy directo: no soy de los que alarman para vender. Pero sí soy de los que advierten cuando algo es urgente.

Y esto es urgente.

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Ese paradigma acaba de cambiar.

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Durante años convivieron tensiones que hoy siguen siendo actuales: centralismo vs. federalismo, Nación vs. provincias, texto vs. realidad.

Y hay un detalle que cambia completamente la lectura:

Ya desde el inicio la Constitución entró en vigencia sin Buenos Aires.

Es decir: el país se organizó… pero incompleto.

Cierto es que la Constitución argentina no surgió de un día para el otro.

Incluso el paso de “establecer” a “afianzar” la justicia sugiere lo mismo: no fundar desde cero, sino consolidar una práctica en construcción.

No es casual que esta idea siga teniendo vigencia hoy, en el marco del Día del Trabajador.

Tampoco fue un acto lineal ni pacífico.

Fue, en realidad, el resultado de décadas de tensiones entre proyectos políticos opuestos, como lo es River y boca, Milei o CFK, esto comienza dede los cimientos de nuestro sistema, el centralismo en Buenos Aires (siglo XIX)..

El Unitarismo vs. federalismo.

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Para entenderla bien, hay que dejar de verla como un “texto” y empezar a verla como lo que es: un proceso.

la Revolución de Mayo de 1810.
Pero desde ahí hasta la Constitución definitiva, el camino fue bastante más accidentado de lo que suele contarse.

Despreocupate te dejo un punteo de los Intentos fallidos acá (y te invito al chat para conversar sobre el porque qué estos fracasaron)..

El punto de partida es claro, entre 1819 y 1826 Se sancionan dos constituciones de corte unitario, impulsadas desde Buenos Aires.

¿El problema?

Resultado: rechazo político y falta de legitimidad real.

Pero si uno mira la Constitución argentina como una foto fija de 1853, se pierde lo más interesante: el proceso. Porque luego con lo que ocurrió entre 1831 y 1860 no fue simplemente la sanción de un texto que formalizaba.

Fue una negociación prolongada, tensa y, sobre todo, incompleta durante años. Y ahí está la clave. De lo que Margarita mi docente de constitucionalismo en UADE decía el verdadero esto es el punto de partida..

El llamado Pacto Federal de 1831 suele mencionarse como antecedente.

En realidad, es bastante más que eso.

En aquel entonces firmado por las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, no fue una Constitución formal, pero sí algo más importante: un acuerdo político con vocación de sistema.

Ahí aparecen, con bastante claridad, tres ideas que después estructuran todo el diseño constitucional argentino:

la descentralización del poder,

la eliminación de barreras internas (como las aduanas provinciales),

y la construcción de un Estado federal real, no declamado.

No había todavía un texto constitucional consolidado.
Pero ya existía algo esencial: la lógica sobre la cual ese texto iba a construirse.

Después de la caída de Rosas en la Batalla de Caseros (1852), el escenario cambia por completo.

Urquiza no solo derrota a un líder político: destraba una estructura de poder que venía bloqueando la organización nacional.

Hasta acá, el relato clásico.

Pero hay un detalle que suele omitirse —y que cambia bastante la interpretación:

la Constitución entra en vigencia sin Buenos Aires.

Es decir: el país se organiza… pero incompleto. Y eso no es menor.

Porque implica que el texto constitucional nace con un problema político estructural: la principal provincia económica y estratégicamente queda afuera.

Lo que sigue no es un simple ajuste en todos los sitemas, sino la fase que termina de darle eficacia al sistema de 1852–1853: el momento constituyente donde derivo en

La Batalla de Cepeda (1859) y el posterior Pacto de San José de Flores fuerzan la reincorporación de Buenos Aires.

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Pero esa integración no es automática: requiere concesiones.

Que paradójico no?

Por eso en 1860 se reforma la Constitución.

Pero no es una reforma más.

Es, en términos prácticos, la condición de posibilidad de la unidad nacional y federal.

Por eso, desde una lectura más fina, el proceso constituyente argentino no se cierra en 1853, sino en 1860.

Durante dos décadas, la tensión se mantuvo latente hasta que estalló en 1880, cuando la ciudad de Buenos Aires fue federalizada.

El conflicto entre Nación y Buenos Aires no terminó con la reforma de 1860.

Hasta ese momento, la ciudad pertenecía a la provincia; a partir de entonces, pasó a ser territorio nacional.

No fue una transición pacífica: hubo enfrentamientos armados entre el gobierno nacional y las fuerzas bonaerenses.

La resolución del conflicto no solo definió la capital del país, sino que consolidó definitivamente la primacía del Estado nacional sobre el principal centro económico argentino.

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Según el análisis de Patricio Nazareno, los cambios son sutiles en apariencia, pero conceptualmente decisivos.

No es lo mismo decir “Provincias Unidas del Río de la Plata” que “Confederación Argentina”.

No es lo mismo un simple “Nosotros” que una fórmula que aclara que todo se hace “por voluntad y decisión de las Provincias que la componen”.

Tampoco es menor reemplazar la referencia concreta al Acuerdo de San Nicolás por la idea más amplia de “pactos preexistentes”.

Ahí hay una decisión jurídica: no atar la legitimidad a un hecho puntual, sino a una tradición de acuerdos.

Que opinas ?

Y quizás el cambio más interesante: no copiar la fórmula estadounidense de “una unión más perfecta”, sino optar por “constituir la unión nacional”.

No se trata de perfeccionar algo que ya existía.
Se trata de crear algo que todavía no estaba dado.

Incluso el paso de “establecer” a “afianzar” la justicia sugiere lo mismo:

Incluso el paso de “establecer” a “afianzar” la justicia sugiere lo mismo: no fundar desde cero, sino consolidar una práctica en construcción.

Y eso se vuelve especialmente tangible hoy, en el Día del Trabajador: los derechos no nacen perfectos ni garantizados por el solo hecho de estar escritos.

Se construyen, se discuten y, muchas veces, se disputan. La justicia —también en materia laboral— no se establece de una vez y para siempre: se afianza todos los días.

De todo esto se desprende algo que suele pasarse por alto:

los constituyentes no hablaban como “pueblo” en abstracto.

Hablaban como provincias.

No eran delegados de una voluntad popular unificada, sino representantes de unidades políticas preexistentes que decidían asociarse.

Esto tiene implicancias fuertes:

el federalismo no es decorativo, es estructural,

la Nación no absorbe a las provincias, se construye con ellas,

y el Estado argentino nace más como resultado de un acuerdo que como imposición de un centro.

Las reformas posteriores (1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1994) ajustan el sistema, lo modernizan, lo tensionan en algunos momentos.

Pero no alteran del todo esa lógica inicial.

Nada de esto es puramente histórico. Esto de da por ejemplo en las disputas fiscales entre Nación y provincias,

tensiones por coparticipación,

límites del poder central,

interpretación de los “pactos preexistentes”.

Entender cómo se armó el sistema ayuda a entender hasta dónde puede estirarse sin romperse.

En Biondi y Asociados trabajamos mucho sobre esto, porque no es teoría.

Es práctica jurídica.

La Constitución no es solo lo que dice.
Es cómo y por qué llegó a decirlo.

Y eso, bien leído, cambia completamente la forma de argumentar.

a menudo confunde a quienes buscan regularizar su situación o la de sus hijos.

Muchos asumen que el tiempo de residencia es el único factor, pero la realidad es que el camino hacia la ciudadanía está lleno de matices que pueden convertir un proceso estándar en un “melodrama” judicial si no se maneja con precisión.

¿Nacional o Ciudadano?

Uno de los errores más comunes es confundir nacionalidad con ciudadanía.

En Argentina, un extranjero puede obtener la nacionalidad por naturalización, pero esto no le otorga automáticamente la ciudadanía; esta última debe solicitarse expresamente tras cumplir requisitos adicionales de residencia y tiempo.

Este desfasaje significa que podrías tener un pasaporte argentino y, aun así, encontrarte en un limbo donde no puedes ejercer plenamente tus derechos civiles y políticos si el proceso no se completó correctamente.

A diferencia de otros países donde la naturalización es un acto administrativo del Poder Ejecutivo, en Argentina a veces deriva en un proceso judicial que se tramita ante los tribunales federales.

Dependerá de algunas fechas porque con el nuevo decreto habilita a tramitarse por Migraciones directamente

Esto implica: No se trata solo de no tener antecedentes; la interpretación judicial sobre lo que constituye una “conducta irreprochable” puede variar drásticamente según la época, conveniencia administrativa de turno y el juzgado.

La ley exige saber leer, escribir y tener conocimientos elementales de la Constitución Nacional. Un error en la presentación de estas pruebas puede retrasar años la sentencia.

La nacionalidad adquirida puede ser cancelada por causas que muchos desconocen, como el ejercicio de la nacionalidad de origen o la ausencia prolongada del país sin la debida notificación consular.

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Navegar con las leyes requiere más que completar formularios.

Requiere una visión estratégica para anticipar criterios jurisprudenciales que a menudo son más rigurosos de lo que dicta la letra fría de la ley.

Desde la corrección de errores en partidas de nacimiento extranjeras hasta la defensa ante una posible denegatoria por antecedentes menores, el acompañamiento de un profesional no es un lujo, sino la garantía de que tu proyecto de vida en este país no quede truncado por un tecnicismo.

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After the Sentenza de la Corte Costituzionale italiana, the legal framework around Italian citizenship by descent has shifted.

The Sentenza n. 63/2026 de la Corte Costituzionale italiana does not abolish Italian citizenship by descent (ius sanguinis).

However, it marks a clear interpretative shift in how citizenship claims are understood and evaluated in practice.

Until recently, most citizenship applications were primarily assessed on a documentary genealogical basis: if the line of descent was proven and uninterrupted, recognition was generally considered a technical matter.

The Court’s reasoning introduces a more nuanced approach.

While reaffirming that ius sanguinis remains part of the Italian legal system, it also confirms that citizenship is not an automatic, purely mechanical consequence of ancestry.

Instead, it must reflect a legally meaningful connection with the Italian State, consistent with constitutional principles such as social cohesion and institutional integrity.

This shift does not eliminate rights, but it does change the way those rights are argued, structured, and ultimately recognized within administrative and judicial practice.

As a result, cases that were previously considered “straightforward” based solely on lineage may now require a more detailed legal framing and a stricter evidentiary presentation of the underlying status of origin.

While ius sanguinis still exists, the Court clarified that citizenship is no longer treated as an automatic or unlimited right based solely on ancestry.

Instead, it must reflect a genuine and effective connection with the Italian State.

Why this ruling matters for citizenship by descent

For decades, Italian citizenship claims were primarily based on documentary lineage.

This decision confirms a shift toward a more restrictive interpretation:

Who may be affected by the new interpretation?

This change is particularly relevant for applicants who are:

Great-grandchildren or more distant descendants

Cases relying exclusively on historical lineage

Applicants with no cultural, residential, or factual ties to Italy

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What is now required in practice?

While the law still recognizes ius sanguinis, cases are increasingly assessed with stricter evidentiary expectations.

Applicants may need to demonstrate:

Complete and uninterrupted documentary lineage

Clear legal status of Italian ancestor(s)

Strong supporting documentation of origin and continuity

What this ruling means in practice

This ruling does not abolish ius sanguinis.
However, it changes how cases are evaluated and argued.

The focus shifts from ancestry alone to the quality of the evidentiary record and the legal framing of the claim.

is your case still viable?

Each case now depends on how it fits within this evolving interpretation.

Some cases remain strong, others require legal structuring, and some may face increased risk of rejection or delay.

Need a case review?

If you want a structured assessment of your situation under the current framework:

book a consultation with the team.

Un chat.

No es newsletter. No es artículo.
Es un espacio más directo — casi como un grupo — donde voy a ir tirando cosas que veo en el día a día:

dudas reales, situaciones que se repiten, errores que se podrían evitar fácil si alguien te los explica antes.

La idea no es hacer asesoramiento uno a uno.
Es compartir criterio.

Que entiendas cómo funciona esto, sin tener que aprenderlo a los golpes.

Qué vas a encontrar

Guías más prácticas
Casos reales (y casos del estudio)
Errores típicos
Cosas que nadie te dice cuando llegás que tenes que hacer si o si
y un espacio para preguntar y ayudarnos entre todos

Si estás en España, Italia, Argentina o por venir, te va a servir.

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3. Jump into my thread to say hi, and if you have any issues, check out Substack’s FAQ.

ENG.

How to get started

I added something new to Despreocúpate.

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Not a newsletter. Not an article.
Just a more direct space — almost like a community — where I’ll be sharing things I see day to day:

The idea isn’t one-on-one legal advice.
It’s about sharing perspective.

So you understand how this actually works — without having to learn the hard way.

What you’ll find there

More practical guides
Real cases (including cases from the firm)
Common mistakes
Things no one tells you when you arrive — but you definitely need to do
and a space to ask questions and help each other

If you’re in Spain, Italy, Argentina — or planning to move — it’ll help.

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Para algunos un un vuelo, una maleta, una dirección cirunstancial

Pero en si es la sensación de que lo más difícil ya pasó.

Pero hay un momento en el que esa idea empieza a romperse: cuando descubrís que no podés avanzar con algo tan básico… Abrir una cuenta. Firmar un contrato. Acceder a un servicio, entrar a una lista..

No porque no tengas derecho.
Sino porque te falta una pieza administrativa invisible.

Después de asesorar a decenas de casos en la firma (y de hecho vivirlo en carne propia), hay un patrón claro (no es la falta de información lo que complica a los expatriados en España… es no saber qué hacer primero.)

Estos son los cinco trámites que casi todos subestiman (y que, si no resolvés a tiempo, terminan frenando todo lo demás, pagar honorarios y endilgar tiempo y recursos. Te ayudo a ser parte de la comuniad de Despreocupate

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Como primer paso hay que hacer lo que se llama empadronamiento: donde empieza tu existencia administrativa en el pais. En España, no basta con estar. Tenés que estar registrado.

Podes llevar meses viviendo aquí, pero si no figurás en el Padrón Municipal o no iniciaste tu trámite de NIE, el reloj de tu residencia legal está detenido en cero. Estar registrado no es solo "papeleo", es avisarle al sistema: "Aquí estoy, estos son mis derechos y este es mi tiempo de vida en el país".

El empadronamiento —tu inscripción en el padrón municipal— no es un simple trámite de domicilio. Es, en la práctica, el punto de partida

Sin padrón, muchas puertas no se abren:

Y sin embargo, es uno de los trámites que más se posterga.

¿Por qué? Porque muchas personas llegan sin contrato formal, en alojamientos temporales, o con situaciones habitacionales “flexibles” la cual con mi socia pudimos resolver e ivitar al dialago a la contraparte.. la paradoja es clara necesitás una dirección estable para avanzar… pero necesitás avanzar para estabilizarte.

En la era de la información, lo que no está registrado, no existe. No dejes que tu proceso migratorio sea invisible ante los ojos de la ley.

La solución no siempre es obvia, pero existe.

Y cuanto antes la resolvés, antes empezás a destrabar el resto.

En España, no basta con estar, tenés que estar registrado inclusive para sacar una cita previa.

Si estás en esta situación, resolverlo correctamente desde el inicio puede evitarte semanas —o incluso meses— de bloqueos administrativos. Y es justamente en estos puntos donde una estrategia legal bien planteada marca la diferencia.

Ahora bien, hay un antes y un después en la experiencia burocrática en España.

Ese punto de inflexión tiene nombre: certificado digital.

Sin él, dependés de citas, horarios limitados y tiempos de espera que no siempre son razonables.

Con él, accedés a una capa completamente distinta del sistema: podés presentar documentos, consultar expedientes, interactuar con la administración en tiempo real.

No es obligatorio.
Pero no tenerlo te deja jugando en desventaja.

La mayoría lo descubre tarde —cuando ya perdió semanas en trámites que podría haber resuelto en horas.

Ademas necesitas el número de Seguridad Social: incluso antes de necesitarlo

hay una idea bastante extendida que excede este articulo pero es el expresión popular que mucho de mis clientes dicen “esto lo saco cuando tenga trabajo”.

El número de Seguridad Social no solo es necesario para formalizar una relación laboral, sino que también es una pieza clave para encadenar otros procesos.

Esperar a que lo gestione un empleador puede parecer lógico… hasta que aparece una oportunidad y no podés responder con la velocidad que el mercado exige. En un entorno donde el timing importa, estar preparado marca la diferencia.

Podes inclusive darte de alta como autonomo donde la cuota mensual tiene un sistema progresivo según ingresos reales, de aproximado: 230€ – 500€+

Podés estar trabajando “en negro” o como se dice legalemente “no registrado“ o simplemente viviendo de ahorros, pero ante cualquier conflicto (un contrato de alquiler abusivo, un accidente de tránsito), si no estás registrado o no tenés NIE, estás en una posición de vulnerabilidad total. El registro es tu escudo legal.

Read more

Llegó a nuestro estudio un caso con una notificación, si una Intimación para cumplimentar por la “Inconsistencia documental”.

Se lanzó al proceso sin un dictamen de viabilidad y, básicamente, se mandó al muere. Tenía el capital, tenía el negocio, pero carecía de lo más importante: la estrategia.

Un gestor le había prometido “facilidad”, asegurándole que con un par de capturas de pantalla y una nota simple bastaba.

Esta persona le había intentado gestionar su residencia, en otras palabras se mando por su cuenta, pensando que presentar sus estados bancarios sería suficiente. El resultado: un expediente paralizado y el riesgo real de una orden de salida del país.

Cierto es que la mayoría de los conflictos no nacen de la ley, sino de su interpretación operativa. Es en ese milisegundo frente al oficial migratorio donde la falta de una estrategia clara se traduce en crisis: demoras innecesarias, pérdida de vuelos, retenciones documentales y, en los escenarios más críticos, el inicio de actuaciones migratorias que pueden manchar tu historial de por vida.

Este fue el caso, la actuación migratoria se da de oficio y presentar documentación inconsistente se traduce en rechazo o inclusive recursos donde debes que pagar los honorarios por la intervención letrada y las tasas administrativas.

Si tenés doble ciudadanía y estás planeando tener tu residencia, salir del país, no podés dejar tu libertad de movimiento al azar del criterio de un funcionario.

Ese es el problema: el gestor llena formularios, pero el abogado construye defensas. Cuando el criterio del oficial de frontera o de migraciones se vuelve estricto, las “recetas” caseras se desmoronan.

Porque fue sin un dictamen de viabilidad y se mando al muere… tenía el dinero, tenía el negocio, pero no tenía la estrategia.

En otra palabras cuando el criterio del oficial de frontera o de migraciones se vuelve estricto, las “recetas” del gestor se desmoronan. Lo que empezó como un trámite “sencillo” terminó en una retención documental porque nadie le advirtió sobre la interpretación operativa de su doble ciudadanía. En derecho migratorio, lo barato se paga con tiempo, vuelos perdidos y antecedentes que no desaparecen.

En Biondi & Asociados, no “arreglamos papeles”.

Reconstruimos la narrativa financiera de nuestros clientes.

Tomamos su caso, aplicamos auditoría contable legalizada y presentamos una estructura de ingresos que Migraciones no pudo cuestionar.

En 15 días, el semáforo pasó de rojo a verde.

El éxito legal no es una coincidencia; es el resultado de una ingeniería que entiende los criterios internos que no están en los manuales.

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Si tu trámite se siente como una batalla cuesta arriba, es porque te falta el equipo adecuado.

En Biondi & Asociados trabajamos este tipo de situaciones de forma estratégica, tanto en prevención como en defensa frente a Migraciones.

Podés empezar con lo legal acá: https://form.jotform.com/251994222370053

No dejes tu futuro en manos del azar. Atendemos casos complejos que requieren una firma con visión internacional. Agenda tu auditoría hoy.

En Despreocúpate LLC te ayudamos a elegir el vehículo activo que mejor se adapte a tu realidad. Analizamos tu situación bajo la normativa vigente para que tu única preocupación sea disfrutar de tu nuevo hogar.

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When Good Faith Isn’t Enough to Face Bureaucracy

A case recently reached our firm carrying a red flag: a formal summons due to “Documentary Inconsistency.”

The client had jumped into the process without a feasibility report essentially walking into a trap. He had the capital, he had the business, but he lacked the most critical element: strategy.

A broker had promised him “simplicity,” claiming that a few screenshots and a basic note would suffice.

This person had attempted to manage his residency, but in reality, he was flying solo, thinking that merely presenting bank statements would be enough. The result: a paralyzed file and the very real risk of a deportation order.

It is a fact that most conflicts do not arise from the law itself, but from its operational interpretation. It is in that split second before the immigration officer where the lack of a clear strategy translates into crisis: unnecessary delays, missed flights, document seizures, and in the most critical scenarios, the initiation of ex officio proceedings that can stain your record for life.

In this case, immigration proceedings were initiated automatically. Presenting inconsistent documentation results in rejection or, at best, appeals that require paying for legal intervention and administrative fees.

That is the core of the problem: a broker fills out forms, but a lawyer builds defenses. When the criteria of border or immigration officers tighten, homemade “recipes” crumble.

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What started as a “simple” process ended in document seizure because no one warned him about the operational interpretation of his dual citizenship. In immigration law, “cheap” is paid for with time, lost flights, and records that never fade.

At Biondi & Asociados, we don’t just “fix papers.” We reconstruct our clients’ financial narrative. We took his case, applied a legalized accounting audit, and presented an income structure that Migration authorities could not question. In 15 days, the signal went from red to green.

Legal success is not a coincidence; it is the result of engineering that understands the internal criteria not found in manuals. If your process feels like an uphill battle, it’s because you lack the right team.

At Biondi & Asociados, we handle these situations strategically, both in prevention and in defense against Migration authorities.

Start your legal process here: https://form.jotform.com/251994222370053

Don’t leave your future to chance. We handle complex cases that require a firm with international vision. Schedule your audit today.

At Despreocúpate LLC, we help you choose the active vehicle that best suits your reality. We analyze your situation under current regulations so that your only concern is enjoying your new home.

[SCHEDULE YOUR RELOCATION & ASSET PLANNING CONSULTATION]

Estaba desesperado. Había presentado su solicitud de radicación creyendo que todo estaba en regla. Había sumado sus recibos, imprimido su inscripción en ARCA y confiaba en su palabra.

Tres semanas después, un oficio de la Dirección Nacional de Migraciones le pedía aclaraciones sobre el “origen lícito de sus fondos”.

Su declaración jurada no sirvió de nada. El sistema no buscaba su palabra, buscaba evidencia técnica.

La burocracia migratoria no perdona la improvisación. Acreditar medios de subsistencia no es “adjuntar papeles”, es construir un expediente que no deje espacio a dudas:

¿Tenes tu certificación contable legalizada?

¿Existe coherencia entre tus movimientos en el Monotributo y tus ingresos reales?

¿Sabes qué documentación “adicional” es la que realmente inclina la balanza a tu favor cuando Migraciones duda?

En Biondi & Asociados, no solo presentamos formularios. Diseñamos la estrategia documental que hace que tu expediente pase por el carril rápido.

No permitas que un error de forma se convierta en una barrera para tu libertad. La diferencia entre un trámite impecable y una citación administrativa es nuestra asesoría.

[Haz clic aquí para una auditoría de tu perfil migratorio]

ENGLISH VERSION

I received a call from a client last week.

He was desperate. He had submitted his residency application, confident that everything was in order. He had gathered his pay stubs, printed his ARCA registration, and relied on his own sworn statement.

Three weeks later, a notification from the National Directorate of Migration arrived, demanding proof of the “lawful origin of his funds.”

His sworn affidavit was useless. The system wasn’t looking for his word; it was looking for technical evidence.

Immigration bureaucracy does not forgive improvisation. Proving your means of subsistence isn’t just about “attaching documents”

it’s about building a file that leaves no room for doubt:

Is your accounting certification truly bulletproof before the Council?

Is there complete consistency between your tax filings and your actual income?

Do you know which “additional” documents actually tip the scales in your favor when authorities are hesitant?

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At Biondi & Asociados, we don’t just file forms. We design the documentary strategy that places your application in the fast lane.

Don’t let a procedural error become a barrier to your freedom. The difference between a seamless process and an administrative headache is our strategic guidance.

[Click here for an audit of your immigration profile]

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Tradicionalmente, la moral social ha visto el suicidio como un “fracaso” o un síntoma, pero la filosofía moderna invita a pensarlo desde la libertad fundamental.

Hume escribió un ensayo fundamental llamado “Sobre el suicidio” en el siglo XVIII. Fue uno de los primeros en decir que suicidarse no es una ofensa a Dios ni al Estado. La idea es que si es moralmente aceptable desviar el curso de un río para nuestro beneficio, ¿por qué sería inmoral desviar el curso de la vida cuando esta se vuelve una carga?

Pero el punto de partida es el Artículo 51, en el cual establece que “la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho a que se respete su dignidad”.

La doctrina argentina ha tomado un postulado occidental y cristiano que constituye el fundamento político de los derechos y deberes y de sus respectivas regulaciones normativas.

Por otro lado, desde la filosofía jurídica moderna, la “dignidad” no es solo el derecho a vivir, sino el derecho a vivir en condiciones que el propio individuo considere dignas.

Para no ofender a Dworkin, el derecho no debería ser una cárcel que nos obligue a vivir una biografía que ya no reconocemos como propia. En otras palabras a menudo se nos dice que tenemos el “deber” de vivir, pero ¿qué sucede cuando ese deber choca con un sufrimiento prolongado? Esto es una desición muy personal.

Para el derecho, la vida es el bien supremo, pero no debería ser una “obligación” impuesta por el Estado cuando las condiciones de dignidad han desaparecido, pero cuando la moral personal choca con la imposibilidad de sostener esa dignidad, el concepto de inviolabilidad empieza a mutar de “obligación de existir” a “derecho a decidir” como se menciona habitualmente.

El Estado democrático consagrado por nuestra Constitución y si.. en concordancia con nuestro Preámbulo de modo que el Estado se halla al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado, por cuanto considera que el hombre es un ser que tiene fines propios que cumplir.

Te invito a sumarte a nuestro espacio exclusivo de intercambio. Un grupo pensado para compartir recursos, debatir la actualidad jurídica y capacitarnos en los temas que realmente marcan la agenda legal.

Ahora bien como habran escuchado en las noticias sobre el caso de Noelia (Noelia Castillo Ramos) que tuvo lugar el 26 de marzo de 2026 en San Pedro de Ribas (Barcelona) donde se hablo sobre la Ley de Muerte Digna.

Donde se estableció los derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud el informe completo se compartio en Chequeado.

Hoy podés rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente tu vida en Argentina pero no podés solicitar que un profesional acelere el proceso. Lo que pasa es que la falta de regulación genera una zona gris donde quien tiene recursos o contactos puede acceder a una “muerte asistida” en la sombra, mientras que el resto queda sujeto a una agonía burocratizada.

A todo esto el furor de ello genero esta incognita: ¿Por qué la falta de ley empuja al suicidio desesperado?

Bueno ahì es donde la moral y la legalidad se enfrentan, en otras palabras cuando el Estado no provee un marco seguro para la eutanasia o el suicidio asistido, obliga a la persona a actuar en soledad, de forma violenta o traumática para su entorno.

“La regulación de la eutanasia no es una invitación a morir, sino una garantía de humanidad para quienes ya no encuentran sentido en la permanencia.”

Para hablar de la moral y el suicidio como "libertad fundamental", es inevitable citar el Principio de Reserva que dice "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".

Jurídicamente, esto implica que el intento de suicidio no es un delito en Argentina, porque se entiende como un acto privado. La moral social puede juzgarlo, pero el Derecho reconoce que el Estado no puede castigar a alguien por ejercer una voluntad sobre su propio ser, aunque no lo regule como un "servicio”

En otras palabras, tenemos el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es la base de cualquier sistema liberal y democrático.

La Argentina permite el retiro de soporte vital, pero la asistencia directa sigue siendo punible bajo el Código Penal. Es necesario un debate legislativo que deje de criminalizar la desesperación y empiece a regular la compasión.

El Código Civil pone el foco en la Autonomía de la Voluntad. Si una persona es dueña de sus decisiones civiles (contratos, matrimonio, identidad de género), la pregunta moral que queda latente es por qué el sistema le quita esa autonomía en el momento de mayor vulnerabilidad o sufrimiento.

Hoy en Argentina tenemos una 'Muerte Digna' a medias. Podemos dejar de tratar el síntoma, pero no decidir el final. Recorda que la dignidad es un derecho inviolable, pero ¿Consideran que la falta de regulación de la eutanasia es una forma de desamparo legal o una medida de protección necesaria? Me interesa mucho saber qué opinan desde su mirada técnica o personal.

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English version

The Right to a Dignified Death in Argentina

The discussion surrounding the end of life is often shrouded in taboos. However, from a legal and ethical perspective, it boils down to one fundamental question: To whom does our life belong?

When we discuss morality in the face of the decision to end one’s own life, we enter the realm of autonomy of will. Traditionally, social morality has viewed suicide as a “failure” or a symptom, but modern philosophy invites us to view it through the lens of fundamental liberty.

In the 18th century, David Hume wrote a seminal essay, “Of Suicide,” becoming one of the first to argue that suicide is an offense neither to God nor the State. His premise was simple: if it is morally acceptable to divert the course of a river for our benefit, why should it be immoral to divert the course of a life when it has become a burden?

The legal starting point, however, is Article 51 of the Civil and Commercial Code of Argentina, which establishes that “the human person is inviolable and, in any circumstance, has the right to have their dignity respected.”

Argentine doctrine has historically adopted Western and Christian postulates that form the political foundation of our rights, duties, and their respective regulations. Conversely, modern legal philosophy suggests that “dignity” is not merely the right to exist, but the right to live under conditions that the individual deems worthy.

To borrow from Ronald Dworkin ideas, the law should not be a prison that forces us to live a biography we no longer recognize as our own. We are often told we have a “duty” to live, but what happens when that duty clashes with prolonged suffering? This is a deeply personal decision.

The truth is in the eyes of the law, life is the supreme good. Yet, it should not be an “obligation” imposed by the State once the conditions for dignity have vanished. When personal morality collides with the impossibility of sustaining that dignity, the concept of inviolability begins to shift from an “obligation to exist” to a “right to decide.”

Our democratic State, as enshrined in the Constitution and echoing our Preamble, stands at the service of the person—not the other way around. It recognizes that human beings have their own ends to fulfill.

You may have recently seen the news regarding the case of Noelia Castillo Ramos (March 26, 2026, in San Pedro de Ribas, Barcelona), which reignited the conversation on Right to Die laws. While reports, such as those from Chequeado, detail the rights of patients regarding health professionals and institutions, the reality in Argentina remains restrictive.

Today, you can refuse treatments that artificially prolong your life, but you cannot request a professional to accelerate the process. This lack of regulation creates a “gray zone” where those with resources or connections may access clandestine assisted dying, while the rest are left to a bureaucratized agony.

This leads to a haunting question: Why does the lack of law push people toward desperate suicide? This is where morality and legality clash.

When the State fails to provide a safe framework for euthanasia or assisted suicide, it forces the individual to act in solitude, often in a manner that is violent or traumatic for their environment. Euthanasia regulation is not an invitation to die; it is a guarantee of humanity for those who no longer find meaning in permanence.

To speak of suicide as a “fundamental liberty,” we must cite the Principle of Reserve (Art. 19 of the Constitution): “The private actions of men which in no way offend public order or morality, nor injure a third party, are reserved only to God, and are exempt from the authority of the magistrates.”

Legally, this implies that attempted suicide is not a crime in Argentina; it is a private act. Social morality may judge it, but the Law recognizes that the State cannot punish someone for exercising will over their own being, even if it does not yet regulate it as a “service.”

In other words, the right to decide over one’s own body is the bedrock of any liberal and democratic system. While Argentina allows for the withdrawal of life support, direct assistance remains punishable under the Penal Code. We need a legislative debate that stops criminalizing desperation and starts regulating compassion.

Our Civil Code focuses on the Autonomy of Will. If a person is the master of their civil decisions (contracts, marriage, gender identity), the lingering moral question is why the system strips away that autonomy at the moment of greatest vulnerability.

Today, Argentina has a “half-measure” Dignified Death. We can stop treating the symptom, but we cannot decide the end.

Considering that dignity is an inviolable right, do you believe the lack of euthanasia regulation is a form of legal abandonment or a necessary protective measure? I am very interested to hear your thoughts from both a technical and personal perspective

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La respuesta corta es no siempre.
La respuesta jurídica real es más incómoda de lo que parece, pero mucho más importante.

Y puede determinar desde un simple retraso en el aeropuerto… hasta la imposibilidad de viajar.

En Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones mantiene un criterio constante:

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Esto se apoya en la Ley de Migraciones y normativa complementaria, que sostienen que la condición de argentino no se pierde por adquirir otra ciudadanía.

En términos prácticos, esto significa:

Tener pasaporte europeo, americano o de cualquier otro país no reemplaza el DNI argentino

El sistema migratorio prioriza la identidad argentina del pasajero

El control no es “de conveniencia”, sino de legalidad interna

De acuerdo con la normativa vigente, los ciudadanos argentinos deben contar con un documento nacional válido al momento de viajar. Entre las opciones habilitadas se encuentran:

• DNI

• Libreta Cívica o de Enrolamiento

• Cédula de Identidad

Incluso en los casos en los que se utilice un pasaporte extranjero —como el de países con acuerdos de doble nacionalidad, como Italia o España—, este debe estar acompañado por documentación argentina vigente. Para las autoridades, este requisito es obligatorio.

Por qué no alcanza con un pasaporte extranjero

Es decir, para el Estado, una persona continúa siendo argentina más allá de cuántas ciudadanías posea.

En ese marco, el pasaporte extranjero no reemplaza al DNI ni a otros documentos nacionales. Además, la Disposición 2742/2009 refuerza este criterio al señalar que la salida del país debe realizarse con documentación argentina en la mayoría de los casos.

El error más común: creer que “doble ciudadanía = libre elección de documento”

Muchos viajeros creen que pueden “elegir” con qué documento salir del país.

Pero Migraciones no funciona como un sistema de elección, sino de identificación obligatoria.

En la práctica:

Si sos argentino, Migraciones te registra como argentino

Si intentás salir solo con pasaporte extranjero, podés ser requerido a exhibir DNI

La falta del documento correcto puede generar demoras o impedimento de salida

Así las cosas el aumento de controles digitales en post de la nueva modernidad, cruces de bases de datos y verificación biométrica hizo que:

El sistema detecte automáticamente nacionalidades múltiples

Se reduzca el margen de interpretación en frontera

Se incremente la aplicación estricta de la normativa

Esto no es nuevo en la ley, pero sí en la intensidad del control operativo.

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La clave jurídica que pocos entienden

El punto central no es el pasaporte que tenés.

El punto central es este:

Para el Estado argentino, la nacionalidad argentina es indisponible.

Eso implica que:

no se “elige” salir como extranjero

no se “oculta” la nacionalidad argentina en frontera

no se sustituye el estatus jurídico por conveniencia documental

Qué está viendo Migraciones en la práctica

En controles recientes se refuerza:

Verificación obligatoria de DNI argentino

Cruce de información con pasaportes extranjeros

Control de inconsistencias documentales

Intervención directa en caso de omisión

Y esto impacta especialmente a:

ciudadanos con doble nacionalidad europea

argentinos naturalizados en el exterior

residentes con múltiples documentos de viaje

Lo importante: no es un problema de “papeles”, es un problema de estrategia migratoria

La mayoría de los conflictos no nacen de la ley, sino de su interpretación operativa en frontera.

Y ahí es donde aparecen:

demoras innecesarias

pérdida de vuelos

retenciones documentales

y en algunos casos, inicio de actuaciones migratorias

Si tenés doble ciudadanía y vas a salir del país:

asumí que Migraciones te va a tratar como argentino
llevá siempre DNI vigente
no relies exclusivamente en el pasaporte extranjero
y no improvises en frontera

Si estás en una situación similar (doble ciudadanía, cambios de residencia, dudas migratorias o problemas en frontera), lo correcto no es improvisar: es analizar tu caso concreto antes de viajar.

En Biondi & Asociados trabajamos este tipo de situaciones de forma estratégica, tanto en prevención como en defensa frente a Migraciones.

Podés solicitar una consulta legal acá: https://form.jotform.com/251994222370053

Dual citizenship and exiting the country in 2026: what Migration authorities require and almost no one explains

In recent months, a recurring confusion has re-emerged among dual nationals:
Can I leave the country using only my foreign passport?

The short answer is: not always.
The real legal answer is more uncomfortable than it seems, but far more important.

And it can determine everything from a simple delay at the airport… to being unable to travel at all.

In Argentina, the National Directorate of Migration maintains a consistent standard:

Any person holding Argentine nationality must prove it when exiting the country.

This is based on the Migration Law and complementary regulations, which establish that Argentine nationality is not lost by acquiring another citizenship.

In practical terms, this means:

Holding a European, American, or any other passport does not replace the Argentine ID (DNI)

The migration system prioritizes the passenger’s Argentine identity

The control is not based on “convenience,” but on internal legal compliance

According to current regulations, Argentine citizens must hold a valid national identity document when traveling. The accepted options include:

• National ID card (DNI)

• Civic Booklet (Libreta Cívica) or Enrollment Booklet (Libreta de Enrolamiento)

• Identity Card (Cédula de Identidad)

Even in cases where a foreign passport is used — such as from countries with dual nationality agreements like Italy or Spain — it must be accompanied by valid Argentine documentation. For the authorities, this requirement is mandatory.

Why a foreign passport is not enough

In other words, for the State, a person remains Argentine regardless of how many nationalities they hold.

In this context, a foreign passport does not replace the DNI or other national identification documents. Additionally, Disposition 2742/2009 reinforces this criterion, stating that departure from the country must, in most cases, be carried out with Argentine documentation.

The most common mistake: believing that “dual citizenship = freedom to choose your document”

Many travelers assume they can freely choose which passport to use when leaving the country.

But Migration authorities do not operate as a system of choice, but rather as a system of mandatory identification.

In practice:

If you are Argentine, Migration will register you as Argentine

If you attempt to leave using only a foreign passport, you may be required to present your DNI

Failure to present the correct documentation may result in delays or even travel restrictions

Why this is becoming more relevant in 2026

The increase in digital controls, database cross-checking, and biometric verification has led to:

Automatic detection of multiple nationalities

Reduced interpretative flexibility at border control

Stricter enforcement of existing regulations

This is not new in law—but it is new in operational intensity.

The legal key most people misunderstand

The core issue is not the passport you hold.

The core issue is this:

For the Argentine State, Argentine nationality is non-disposable.

This implies that:

you do not “choose” to exit as a foreigner

you cannot “hide” Argentine nationality at the border

your legal status cannot be replaced for convenience through documentation

What Migration authorities are actually enforcing

Recent border controls have reinforced:

Mandatory verification of Argentine DNI

Cross-checking of foreign passport data

Detection of documentation inconsistencies

Direct intervention in case of omission

This particularly affects:

dual European citizens

Argentines naturalized abroad

residents holding multiple travel documents

The key point: this is not a paperwork issue, it is a migration strategy issue

Most conflicts do not arise from the law itself, but from how it is operationally interpreted at the border.

And that is where you see:

unnecessary delays

missed flights

document retention

and in some cases, initiation of migration proceedings

If you hold dual citizenship and are planning to leave the country:

assume Migration will treat you as Argentine

always carry a valid DNI

do not rely exclusively on your foreign passport

and avoid improvising at the border

If you are in a similar situation (dual citizenship, residency changes, migration uncertainty, or border issues), the correct approach is not improvisation: it is analyzing your specific case before traveling.

At Biondi & Asociados, we handle these matters strategically, both preventively and in defense against Migration authorities.

👉 You can request a legal consultation here:
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Qué se exige realmente en este procedimiento

En este tipo de procedimientos migratorios, la documentación penal y social suele generar más dudas de las necesarias.

Y no tanto por la norma en sí, sino por cómo se interpreta en la práctica.

Certificado de antecedentes penales como regla general

Sí. El solicitante debe aportar el certificado de antecedentes penales o documento equivalente.

Este debe ser emitido por:

el país de origen, o

los países donde haya residido durante los 5 años anteriores a su llegada a España.

La finalidad es clara: acreditar la situación penal del solicitante en los territorios donde ha tenido residencia relevante en los últimos años.

En la práctica, uno de los principales problemas no es el requisito en sí, sino la obtención del certificado en plazo y con la forma correcta.

Este tipo de documentos puede gestionarse directamente por el solicitante, o bien delegarse para evitar demoras, errores formales o rechazos por defectos de legalización o traducción.

En determinados casos, también es posible tramitarlo de forma acelerada, reduciendo tiempos y asegurando su correcta presentación dentro del expediente.

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Si necesitas asistencia con este trámite, puedes gestionarlo aquí:

• Gestión de trámites y documentación: https://despreocupatebya.gumroad.com/l/tramitesengorrososdelamanodedespreocupateub

• Actas, solicitudes y documentos oficiales: https://despreocupatebya.gumroad.com/l/actasysolicitudesconuri

La idea detrás de este tipo de asistencia es simple: evitar que un expediente se caiga no por el fondo del caso, sino por un problema documental o de forma.

Cuando no se puede obtener a tiempo

El sistema prevé una alternativa excepcional cuando no es posible conseguir el certificado dentro del plazo de un mes.

En esos casos, puede continuarse el trámite aportando:

a) El justificante de solicitud del certificado ante las autoridades del país correspondiente.

b) Una declaración responsable indicando que no se ha recibido respuesta en el plazo de un mes.

c) Una autorización para que las autoridades españolas soliciten directamente los antecedentes al país de origen o residencia.

Este documento debe presentarse en español y en el idioma del país correspondiente.

estas vías no sustituyen el certificado de antecedentes penales ⚠️ , sino que permiten no bloquear el expediente cuando existe imposibilidad material de obtenerlo en plazo.

Compartir Despreocupate (Estudio legal. Abog. Uriel Biondi)

LA PREGUNTA DEL MILLON ¿Se puede trabajar durante el procedimiento?

Sí.

La comunicación del inicio del procedimiento habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio español y en cualquier sector de actividad.

Esto cambia de forma relevante la lógica habitual de estos trámites, ya que permite acceso inmediato al mercado laboral sin esperar la resolución final.

Y sobre el certificado de vulnerabilidad: cuándo corresponde

No es obligatorio en todos los casos.

No deberás presentarlo si eres o has sido solicitante de Protección Internacional.

En los demás supuestos, además de cumplir los requisitos básicos, deberás acreditar alguna de estas situaciones:

a) Haber trabajado en España o acreditar intención de hacerlo (oferta de trabajo o declaración responsable en caso de trabajo autónomo).

b) Tener unidad familiar con hijos menores o familiares dependientes de primer grado.

c) Encontrarte en situación de vulnerabilidad.

Solo en este último caso será necesario aportar el certificado de vulnerabilidad.

Este documento debe ser emitido por entidades sociales o servicios habilitados (entidades y sindicatos inscritos en el registro correspondiente).

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Es gratuito y no puede cobrarse por su emisión.

Como material complementario, te dejo un modelo orientativo de certificado de vulnerabilidad para facilitar su solicitud ante entidades sociales.

Este modelo sirve como base para que la entidad emisora pueda adaptarlo y completarlo según la situación concreta del solicitante.

También es posible analizar casos concretos de forma individual.

En procesos como este, entender la norma es importante.

Pero entender cómo se aplica, suele ser decisivo.

Evaluamos tu perfil y armamos tu caso paso a paso

Detectamos riesgos y

Preparamos tu expediente

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English Version

Requirements for regularisation in Spain: criminal record certificate and vulnerability certificate

In this type of immigration procedure, criminal and social documentation often raises more questions than necessary. Despreocupate and read this article.

What is actually required in this procedure

In this type of immigration process, criminal and social documentation often creates more confusion than it should.

And this is not so much due to the regulation itself, but rather how it is applied in practice.

Criminal record certificate as a general rule

Yes. The applicant must provide a criminal record certificate or equivalent document.

This must be issued by:

the country of origin, or

the countries where the applicant has resided during the 5 years prior to arriving in Spain.

The purpose is clear: to certify the applicant’s criminal background in the jurisdictions where they have had relevant residence in recent years.

In practice, one of the main issues is not the requirement itself, but obtaining the certificate within the deadline and in the correct form.

These documents can be managed directly by the applicant, or delegated in order to avoid delays, formal errors, or rejections due to legalisation or translation defects.

In certain cases, it is also possible to process them in an expedited way, reducing waiting times and ensuring proper submission within the file.

If you need assistance with this procedure, you can manage it here:

• Document and procedure management: https://despreocupatebya.gumroad.com/l/tramitesengorrososdelamanodedespreocupateub

• Certificates, applications and official documents: https://despreocupatebya.gumroad.com/l/actasysolicitudesconuri

The idea behind this type of assistance is simple: to prevent a case from failing not because of its substance, but due to a documentary or formal issue.

When it cannot be obtained in time

The system provides an exceptional alternative when it is not possible to obtain the certificate within a one-month period.

In such cases, the procedure may continue by submitting:

a) Proof of application for the criminal record certificate before the relevant foreign authority.

b) A sworn declaration stating that no response has been received within one month.

c) An authorisation allowing Spanish authorities to directly request the criminal records from the country of origin or residence.

This document must be submitted both in Spanish and in the language of the relevant country.

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⚠️ These options do not replace the criminal record certificate, but allow the procedure to continue when there is a material impossibility of obtaining it in time.

THE KEY QUESTION: Can you work during the procedure?

Yes.

The notification of the initiation of the procedure automatically authorises work throughout Spanish territory and in any sector of activity.

This significantly changes the usual logic of these procedures, as it allows immediate access to the labour market without waiting for the final decision.

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And the vulnerability certificate: when is it required?

It is not required in all cases.

You do not need to submit it if you are or have been an applicant for International Protection.

In all other cases, in addition to meeting the basic requirements, you must prove one of the following situations:

a) Having worked in Spain, or demonstrating intent to work (job offer or sworn declaration in case of self-employment).

b) Having a family unit with minor children or dependent first-degree relatives.

c) Being in a situation of vulnerability.

Only in this last case will the vulnerability certificate be required.

This document must be issued by social organisations or authorised services (entities and trade unions registered in the relevant registry).

It is free of charge and no payment can be required for its issuance.

You can use this vulnerability certificate template

As a complementary resource, I am sharing an orientative vulnerability certificate template to facilitate its request from social organisations.

(Download here)

This template serves as a base for the issuing entity to adapt and complete it according to the applicant’s specific situation.

Case-by-case analysis is also available

In procedures like this, understanding the regulation is important.

But understanding how it is applied is usually decisive.

We assess your profile and build your case step by step.

We identify risks and prepare your application file.

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Intentás comprar una entrada.

Elegís el recital.
Ves el precio. Decís: “ok, está bien”.

Llegás al final…
y aparecen los fees o cargos adicionales…

Que en otras palabras sería el servicio de Procesamiento o “Convenience”.
De repente, lo que costaba 50 USD termina en 90 USD.

Si alguna vez te pasó, no sos la única persona.
Y ahora, ese sistema está en el centro de un juicio histórico en Estados Unidos.

Un jurado federal encontró el miércoles que Live Nation Entertainment y su subsidiaria Ticketmaster cometieron un monopolio ilegal en el mercado de entradas, promoción de conciertos y gestión de venues (lugares de shows).

La decisión, unánime tras cuatro días de deliberación, marca un golpe fuerte contra la empresa que domina la industria de la música en vivo en Estados Unidos y más allá.

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La demanda se presentó en 2024. Aunque el Departamento de Justicia de EE.UU. llegó a un acuerdo parcial en marzo de este año, los estados continuaron el juicio buscando cambios estructurales más profundos.

Así las cosas el Procurador General de Texas, Ken Paxton (quien lideró la coalición junto a Nueva York y decenas de estados), celebró el veredicto:

No es un detalle técnico.
Es el corazón de cómo funciona la industria de la música en vivo.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha dejado algo en claro: ninguna empresa debería poder controlar una industria entera.

Lo importante no es el fallo. Es esto:

Durante años, el problema no fue solo el precio.
Fue la sensación de que no había alternativa.

Querés ver a un artista → tenés que pasar por la misma plataforma

El precio sube → no hay competencia real

Los cargos aparecen → no podés evitarlos

Eso es lo que está en discusión.

Un monopolio (cuando una empresa domina tanto el mercado que elimina la competencia real) no se siente como un concepto legal.
Se siente como pagar más… sin opción.

Según la acusación, el modelo sería más o menos así:

acuerdos exclusivos con venues (los estadios y salas)

control de la promoción de conciertos

presión indirecta sobre artistas

Resultado: si querés estar en los grandes escenarios, jugás bajo esas reglas

Y esas reglas, muchas veces, terminan en precios más altos para el público.

Lo que puede cambiar (acá está la tensión)

El juicio no termina acá.
Ahora viene la parte que realmente importa: las consecuencias.

El juez podría:

imponer multas

ordenar compensaciones

o ir más lejos: separar Ticketmaster de Live Nation Entertainment

Ese último escenario un “breakup” sería un terremoto en la industria.

Pero frená un segundo

Nada de esto significa que mañana las entradas van a ser más baratas.

De hecho, Live Nation Entertainment ya dijo que va a apelar.
Y estos casos pueden durar años.

Entonces la pregunta no es inmediata.
Es estructural.

¿El problema es Ticketmaster…
o es todo el sistema de los recitales?

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Porque incluso si aparece más competencia:

los artistas grandes siguen concentrando demanda

los venues siguen siendo limitados

la experiencia en vivo sigue siendo cada vez más cara

Por qué esto importa fuera de EE.UU.

Aunque el caso es allá, el modelo es global.

Ticketmaster y Live Nation Entertainment operan directa o indirectamente en muchos mercados.

Lo que pase en este juicio puede terminar influyendo en:

cómo se venden entradas en Europa

qué margen tienen las ticketeras en Latinoamérica

y cuánto terminamos pagando todos

Durante años, ir a un recital pasó de ser un plan a ser una decisión económica.

No solo por el precio base.
Sino por todo lo que aparece después.

Este juicio no garantiza entradas más baratas.
Pero por primera vez en mucho tiempo, pone en discusión algo que parecía intocable.

Y eso, para cualquiera que alguna vez vio subir el precio justo antes de pagar…
ya es un cambio.

Me gustaria esucharte a vos, que opinas?

Durante años, ir a un recital pasó de ser un plan a ser una decisión económica.

No solo por el precio base.
Sino por todo lo que aparece después.

Este juicio no garantiza entradas más baratas.
Pero por primera vez en mucho tiempo, pone en discusión algo que parecía intocable.

Y eso, para cualquiera que alguna vez vio subir el precio justo antes de pagar…
ya es un cambio.

Este tipo de casos no son solo noticias: son ejemplos concretos de cómo funcionan (y a veces fallan) los modelos de negocio en la industria del entretenimiento.

Como Licenciado en Gestión de Medios y Abogado, analizo estos temas desde el cruce entre contenido, mercado y regulación.

Si trabajás en música, producción de eventos o plataformas digitales o simplemente querés entender mejor qué estás firmando o pagando podés escribirme para:

1. revisar contratos vinculados a eventos o distribución

2. analizar estructuras de precios y fees

3. evaluar riesgos en acuerdos con plataformas

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ENGLISH VERSION

Why Are Concert Tickets So Expensive (and What Ticketmaster Has to Do With It)

A ruling in New York could open the door to major changes in the live music industry. More than 30 states accuse the company of inflating prices and limiting competition.

You try to buy a ticket.

You pick the show.
You see the price. You think: “okay, that’s fine.”

You get to checkout…
and suddenly, the fees appear.

Service fees. Processing fees. “Convenience” charges.

Out of nowhere, what started at $50 ends up costing $90.

If that’s ever happened to you, you’re not alone.
And now, that system is at the center of a landmark case in the United States.

A federal jury found on Wednesday that Live Nation Entertainment and its subsidiary Ticketmaster engaged in illegal monopolistic practices in the ticketing market, concert promotion, and venue management.

The unanimous decision, reached after four days of deliberation, marks a major blow to the company that dominates the live music industry in the U.S. and beyond.

The lawsuit was filed in 2024. Although the U.S. Department of Justice reached a partial settlement earlier this year, the states continued the case seeking deeper structural changes.

Texas Attorney General Ken Paxton, who led the coalition alongside New York and dozens of other states, celebrated the verdict:

“No corporation should be allowed to illegally monopolize an industry. That’s exactly what Live Nation did—controlling prices and harming fans, venues, and artists.”

This isn’t just a technical issue.
It goes to the core of how the live music industry works.

And as Paxton made clear: no single company should be able to control an entire market.

What really matters isn’t just the ruling. It’s this:

For years, the problem wasn’t just the price.
It was the feeling that there was no alternative.

You want to see an artist → you have to go through the same platform

Prices go up → there’s no real competition

Fees appear → you can’t avoid them

That’s what’s being challenged.

A monopoly (when one company dominates a market to the point of eliminating real competition) doesn’t feel like a legal concept.
It feels like this: paying more… with no choice.

How the system works (in simple terms)

According to the allegations, the model works roughly like this:

exclusive agreements with venues (stadiums and concert halls)

control over concert promotion

indirect pressure on artists

The result: if you want access to major venues, you play by those rules

And those rules often lead to higher prices for the public.

What could change (this is where it gets interesting)

The trial isn’t over.
Now comes the most important phase: the consequences.

The judge could:

impose fines

order compensation

or go further: separate Ticketmaster from Live Nation Entertainment

That last scenario—a “breakup”—would be a major disruption for the industry.

But pause for a second

None of this means ticket prices will drop tomorrow.

In fact, Live Nation Entertainment has already said it will appeal.
And cases like this can take years.

So the real question isn’t immediate.
It’s structural.

Is Ticketmaster the problem…
or is it the entire live concert system?

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Because even if more competition appears:

top artists still concentrate demand

venues remain limited

and the live experience keeps getting more expensive

Why this matters beyond the U.S.

Even though the case is happening in the United States, the model is global.

Ticketmaster and Live Nation Entertainment operate—directly or indirectly—across many markets.

What happens in this case could end up influencing:

• how tickets are sold in Europe

• how much margin ticketing platforms have in Latin America

• and ultimately, how much all of us pay

For years, going to a concert has shifted from being a plan… to being a financial decision.

Not just because of the base price.
But because of everything that comes after.

This case doesn’t guarantee cheaper tickets.
But for the first time in a long time, it challenges something that felt untouchable.

And for anyone who has ever watched the price jump right before checkout…
that alone is a shift.

I think this case matters—but probably not for the reason most people expect.

Even if regulators force changes on Live Nation Entertainment or Ticketmaster, the core economics of live music don’t disappear:

demand is concentrated in a few global artists

supply (venues, dates, tours) is inherently limited

and live experiences have become premium products

So yes—more competition could improve transparency and reduce abusive fees.
But it won’t magically make concerts “cheap” again.

Where I do think this case can have real impact is in how prices are structured and communicated:

fewer hidden fees
clearer pricing upfront
more pressure on platforms to justify their margins

And that alone would already change the experience for millions of people.

For years, going to a concert has shifted from being a plan… to being a financial decision.

Not just because of the base price.
But because of everything that comes after.

This case doesn’t guarantee cheaper tickets.
But for the first time in a long time, it challenges something that felt untouchable.

And for anyone who has ever watched the price jump right before checkout…
that alone is already a shift.

Cases like this aren’t just news stories—they are real examples of how business models in the entertainment industry work (and sometimes fail).

As a Media Management graduate and lawyer, I analyze these issues at the intersection of content, market dynamics, and regulation.

If you work in music, live events, or digital platforms—or simply want to better understand what you’re signing or paying for—you’re welcome to reach out.

I can help with:

reviewing contracts related to events or distribution

analyzing pricing structures and fee models

assessing risks in platform agreements

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Más allá del lenguaje técnico que puede confundir, el cambio es concreto:

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No se trata de demostrar que querés viajar.

Se trata de demostrar que vas a volver.

Bajo la ley migratoria de Estados Unidos, todos los solicitantes son considerados potenciales inmigrantes… hasta que prueben lo contrario.

Ese es el juego.

El oficial no tiene tiempo.
Las entrevistas duran entre 2 y 5 minutos para revisar y decidir sobre tu caso.

No analiza “todo tu esfuerzo”.
Analiza riesgo migratorio.

En su cabeza hay una sola pregunta:

Si la respuesta es “no claro”, el rechazo es automático.

No es solo “tener cosas”, sino cómo encajan entre sí.

1. Arraigo económico

Trabajo estable o actividad profesional

Ingresos consistentes

Negocio propio o ejercicio independiente

No alcanza con existir. Tiene que ser creíble y verificable.

2. Arraigo personal

Familia directa

Hijos, pareja, responsabilidades reales

Ojo: decir “tengo familia” sin contexto no suma.

3. Historial migratorio

Viajes previos

Cumplimiento de visas

Entradas y salidas ordenadas

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